El Consejo de la Unión Europea ha recogido la inquietud por la propuesta de reglamento sobre el uso sostenible de fitosanitarios y ha pedido a la Comisión un estudio sobre el impacto que podría tener en los rendimientos agrícolas, en los precios de los alimentos y su disponibilidad y en el riesgo de introducción y propagación de patógenos por la limitada disponibilidad de medios alternativos a los plaguicidas químicos.

La propuesta que la Comisión presentó en junio establece objetivos jurídicamente vinculantes de reducción del 50% tanto del uso de fitosanitarios como del riesgo que llevan aparejado, y obliga a los países a fijar objetivos de reducción nacionales que permitan alcanzar esos objetivos colectivos. En la Decisión (UE) 2022/2572, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, el Consejo recela de que “la evaluación de impacto que acompaña a la propuesta no tenga en cuenta las repercusiones que el Reglamento propuesto puede tener a largo plazo sobre la seguridad alimentaria en la Unión. Refuerza esa inquietud el hecho de que la evaluación de impacto se concluyera antes de la guerra en Ucrania y de las crisis de los precios de la energía, los fertilizantes y los alimentos”.

El Consejo opina que debe llevarse a cabo un análisis adicional que tenga en cuenta la producción agrícola de la Unión, la disminución prevista de los rendimientos en la Unión como consecuencia de la reducción y restricción del uso de productos fitosanitarios y la posible dependencia respecto de las importaciones de alimentos y piensos. Asimismo, considera que sería necesario un análisis más detenido de la situación de las pequeñas y medianas empresas y de la rentabilidad a lo largo de sus respectivas cadenas de suministro. Para facilitar el proceso legislativo en curso, pide que el estudio se presente “lo antes posible”, y no más tarde del próximo 28 de junio.

Uno de los puntos de la propuesta que más controversia genera es la prohibición de usar fitosanitarios en las denominadas ‘zonas sensibles’, que tal como están definidas afecta a un gran porcentaje de la superficie agraria, ya que además de parques y jardines públicos abarca los espacios naturales protegidos y las áreas ecológicamente sensibles por la presencia de polinizadores. La Comisión ya admitió en noviembre la necesidad de reducir la extensión de dichas zonas para garantizar la viabilidad de una prohibición total o parcial del uso de fitosanitarios químicos, y de que se excluya de la definición las zonas sensibles a los nitratos. Sin embargo, el Consejo opina que “es preciso contar con más datos y nuevos análisis del impacto de ese tipo de medidas en las zonas que podrían considerarse sensibles y en las zonas forestales”.