Patrocinado porPatrocinado por

Agricultura revisa seis de las diez prácticas ambientales obligatorias para cobrar la PAC

Maruxa Alfonso Laya
M. Alfonso REDACCIÓN / LA VOZ

AGRICULTURA

David Borrat | EFE

El ministerio deja exentas de los controles de la condicionalidad a cerca de 13.000 explotaciones gallegas, el 45 % de las que cobran las ayudas de Europa

29 feb 2024 . Actualizado a las 09:02 h.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, se reunió ayer de nuevo con las principales organizaciones agrarias del país para seguir avanzando en unas negociaciones que permitan desactivar las protestas de agricultores y ganaderos en España. Según el portavoz del ejecutivo, en el encuentro se produjeron grandes avances, aunque será necesario seguir negociando para concretar algunas de las medidas. Asaja, COAG y UPA, por su partecoincidieron en que es preciso conocer esas concreciones para saber hasta que punto se están atendiendo sus reivindicaciones. Agricultura ya ha accedido a eliminar los controles de la condicionalidad a las explotaciones de menos de diez hectáreas, que en principio son unas 13.000 en Galicia. Pero sobre la mesa están seis de las diez prácticas ambientales que actualmente son obligatorias para cobrar la PAC y que son las que sindicatos y Gobierno están estudiando modificar.

La condicionalidad reforzada de la nueva Política Agraria Común (PAC) incluyó las conocidas como Buenas Condiciones Agrícolas y Medioambientales (BCAMS) que los agricultores deben cumplir de forma obligatoria para percibir estas ayudas. Estas son las que está ocasionando más de un quebradero de cabeza al sector, por todos los requisitos que tienen que atender. Con anterioridad, tanto Europa como el ministerio se había avenido a rebajar alguna de estas prácticas, como la que afecta al barbecho o la que prevé la puesta en marcha del cuaderno de campo. Ahora, las organizaciones agrarias españolas reclaman que se modifiquen seis de las diez BCAM que existen actualmente.

Sobre la mesa está la BCAM 5, que se refiere a la gestión de la labranza para evitar la erosión del suelo; la BCAM 6, que habla sobre la cobertura mínima que debe tener el suelo en los períodos más sensibles; la BACM 7, que se centra en la rotación de cultivos y es una de las que más quejas ha recibido; la BCAM 8, que es la dedicada a los barbechos y que ya ha sido modificada; la BCAM 9, que habla de la prohibición de convertir o arar los pastos permanentes ubicados en Red Natura; y la BCAM 10, que es la de fertilización y es otra de las que trae de cabeza a los agricultores porque obliga a inyectar el purín, prohibiendo el uso de sistemas como el plato o el cañón. 

Gustavo Valiente | EUROPAPRESS

Según Planas, en el encuentro mantenido ayer se han logrado grandes avances, que será necesario concretar en próximas reuniones. De hecho, está previsto que los técnicos del ministerio y de las organizaciones vuelvan a reunirse esta mañana y en días sucesivos para ir avanzando en las negociaciones. El ministro se mostró incluso confiado en que algunas medidas, como las que buscan simplificar la PAC, se podrían aplicar a la campaña de este año. 

Uno de los puntos que se ha discutido es la posibilidad de eliminar los controles de la condicionalidad a las explotaciones de menos de diez hectáreas, que en España son 345.000 el 55 % de las granjas que cobran la PAC. Según calcula Unións Agrarias, en Galicia esta medida afectaría a unas 13.000 explotaciones, que son algo más de la mitad de las que solicitan la PAC.

El ministro aseguró que también se había hablado de la Ley de la Cadena, donde «creemos que estamos en la buena senda»; sobre los acuerdos comerciales y sobre los seguros agrarios y las medidas de fiscalidad. «Ahora queremos que los técnicos aceleren los trabajos durante mañana y pasado y nos volveremos a reunir la semana que viene para ver cómo podemos ir cerrando estas negociaciones», aseguró. Valoró que su departamento está trabajando en «más de 30 iniciativas que van a tener un impacto económico cierto y suponer un impulso para los sectores agrario y ganadero».

Por su parte, el presidente de Asaja, Pedro Barato, criticó que «algunos diputados españoles han vuelto a apuñalar al campo aprobando la ley de restauración de la naturaleza». Sobre la reunión añadió que no se habían producido grandes avances, porque «no se ha concretado nada». Confirmó que están en revisión seis de las diez BCAM que existen, pero que no hubo avances ni en seguros agrarios, ni en fiscalidad, ni en el plan de choque que precisan algunos sectores, con ayudas directas. Abogó por implicar a otros ministerios en la negociación, como el de Transición Ecológica, y concluyó con que «si no hay solución, habrá movilización».

COAG, por su parte, reconoció que había habido avances en las negociaciones, «pero falta concreción, aunque yo tengo la esperanza de que en las próximas reuniones lleguemos a acuerdos que resuelvan la mayoría de nuestras reivindicaciones», aseguró su presidente Miguel Padilla. Cais las mismas palabras que repitió Lorenzo Ramos, de UPA. «Hay voluntad y se han tocado temas de interés, pero es importante que se conozca cuantos antes cómo se va a simplificar la PAC porque se está tramitando ya». 

Unións Agrarias reclama a Agricultura medidas adaptadas al campo gallego

La formación ve poco ambiciosa la propuesta presentada en Europa y considera que esta se aleja todavía más de la realidad de las explotaciones gallegas

Las medidas propuestas por el ministro de Agricultura, Luis Planas, en el pasado Consejo de la Unión Europea, así como las presentadas por la Comisión Europea para rebajar la burocracia y simplificar la PAC son «pouco ambiciosas e totalmente afastadas da realidade do sector produtor galego». Esta es la valoración que realiza el sindicato Unións Agrarias de las propuestas nacionales y europeas dadas a conocer en los últimos días. Considera que son medidas diseñadas para zonas más cálidas y de regadío de la península, que para nada tienen que ver con las necesidades del sector en la cornisa cantábrica.

El sindicato agrario lamenta que, una vez más, el ministerio no ha escuchado las peticiones reales que se han lanzado desde Galicia y desde las comunidades del norte. Por eso Unións insta al ministerio a actuar con responsabilidad y rigor y atender al decálogo de propuestas elaborado por las organizaciones agroganaderas mayoritarias de Galicia, Asturias y Cantabria. También reclama que se impulsen cambios en los decretos de ordenación de granjas bovinas, de nutrición de suelos agrarios y en el que se regulan las nuevas obligaciones de las explotaciones en materia de vigilancia y control sanitario.

En concreto, la formación reclama que se elimine la figura del veterinario de explotación, una obligación que supondrá un coste añadido y una mayor carga burocrática, especialmente perjudicial para las explotaciones familiares, y que nada aporta en materia de seguridad alimentaria o bienestar animal.

Insta también a revisar el Sistema Integral de Xestión de Explotacións Bovinas (SIGE) y a modificarlo para reducir la carga burocrática para las ganaderías, así como a flexibilizar la aplicación de la nueva normativa en materia de aplicación de purines. Sobre esta última, Unións Agrarias exige que se tenga en cuenta la realidad de las explotaciones gallegas, para las que los purines representan un enorme recurso. 

Otra de las peticiones que el sindicato dirige al ministerio es que elabore un plan específico para la contratación de personas para las explotaciones ganaderas, que incluya ayudas para formación y atractivos que permitan atraer al personal de dentro y fuera del país. También reclama que se amplíen los plazos de adaptación al decreto de ordenación de granjas bovinas y la eliminación del mismo de requisitos como el veterinario de explotación o la exigencia de patios exteriores en establos libres, admitiendo la plaza fija en relación a otras medidas que garanticen el bienestar animal, como la salida para el pastoreo, las dimensiones de la cama o los sistemas de sujeción adecuados. 

Al mismo tiempo, Unións vuelve a reiterar las reivindicaciones acordadas en una tabla conjunta elaborada por las organizaciones agrarias representativas de Galicia, Asturias y Cantabria. En esta se pedían precios justos para los ganaderos, el rechazo de los tratados de libre comercio, la eliminación de la burocratización de las explotaciones, la adaptación de los ecorregímenes, mantener la reducción en el precio del gasoil y eliminar la protección sobre el lobo, entre otras cuestiones.