Agricultura negocia con cada comunidad las condiciones para aplicar la PAC

El Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas inician esta semana un calendario de reuniones bilaterales con el fin de conocer la posición de cada gobierno regional sobre el contenido de futuro Plan Estratégico que servirá como marco para la distribución de los 47.724 millones de euros previstos en la próxima reforma de la Política Agrícola Común desde 2023. A partir de la posición de cada una de las comunidades autónomas, el departamento que dirige de Luis Planas elaborará un informe y posteriormente una propuesta de Plan para presentar en Bruselas en julio y elevar una segunda definitiva en otoño, sobre la que la Comisión podrá hace sus sugerencias. Estas negociaciones coincidirán con el cierre de las negociaciones en Bruselas sobre las condiciones de la próxima reforma.

Entre los muchos puntos pendientes de acuerdo, a la cabeza se halla la política de convergencia de ayudas en una misma región, que ha sido motivo de protestas en los últimos meses en diferentes territorios ante la propuesta de Agricultura de acelerar desde este mismo año el proceso iniciado en 2015 con escasos resultados.

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Agricultura pretende que en 2021, en una misma región, el pago mínimo no sea inferior al 70% de la media regional y que ese porcentaje llegue al 80% en 2022. El objetivo es que un agricultor con una misma actividad cobre lo mismo para alcanzar la convergencia plena en 2025 para, a partir de ahí negociar la supresión los derechos individuales y pasar a un sistema de pagos por superficie. Agricultura debería haber reducido ya el número de regiones donde hacer esos ajustes y pasar del medio centenar actual a una docena.

Además de la convergencia de ayudas, las comunidades autónomas deberán manifestarse sobre los destinatarios prioritarios de las mismas, donde Planas plantea que sean los agricultores genuinos cuyos ingresos por la actividad agraria supongan al menos entre un 20% y un 30% de sus ingresos totales. Se baraja la figura del “genuino plus” cuando sus porcentajes sean superiores y se deberá contemplar igualmente la situación en algunos territorios donde son importantes los agricultores a tiempo parcial. Los gobiernos regionales deberán plantear sus propuestas sobre los ecoesquemas o el conjunto de actuaciones en materia de medio ambiente que puede llevar a cabo un agricultor o ganadero en su explotación más allá de las exigencias mínimas comunitarias y se pretende que sus importes sean iguales en todos los territorios. Para los ecoesquemas se destinarán anualmente el 20% de los pagos comunitarios, unos 1.000 millones de euros.

Las comunidades autónomas también deberán posicionarse sobre el techo en los pagos directos, la aplicación de los recortes y su redistribución. Hasta la fecha no se han planteado debates y protestas sobre la aplicación del capping o ajuste de los pagos del 25% cuando supere los 60.000 euros, del 50% entre los 75.000 y los 90.000 euros, del 85% a partir de los 90.000 euros con un techo en los 100.000 euros, en todos los casos una vez deducidos los costes en materia de empleo.

Agricultura defiende una política redistributiva de las ayudas o un pago complementario a las primeras hectáreas de una explotación. Todavía no se ha definido ese modelo de explotación que recibirá ese apoyo y que se nutriría de los ajustes llevados a cabo en los pagos más altos de los que el Gobierno espera recaudar solo poco más de 100 millones de euros. Al tratarse de una cifra muy baja no se descarta la posibilidad de aplicar un ajuste general para nutrir ese fondo en todos los pagos. En la mejora en las primeras hectáreas de una explotación, se coincide sobre no aplicarla en las explotaciones cuyo montante supere los 60.000 euros en cuanto supondría dar unos fondos por un lado y quitarlos por el otro.

Las negociaciones con las comunidades autónomas para elaborar este Plan Estratégico deberán contemplar además la necesidad de pasar el test de la evaluación medioambiental del Ministerio de Transición y también las nuevas mayores exigencia burocráticas comunitarias en materia, no solo de asignación de los fondos, sino de evaluación de los resultados para justificar los pagos.